SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT y PTEE: diferencias y cuál aplica a su empresa

01La diferencia en pocas palabras

Las cuatro siglas nombran sistemas o programas de prevención que exigen distintas autoridades. Estas son las normas de cada una:

La Ley 526 de 1999 establece en su artículo 10 que «las autoridades que ejerzan funciones de inspección, vigilancia y control, instruirán a sus vigilados sobre las características, periodicidad y controles en relación con la información a recaudar» para la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que esa misma ley creó.

02SAGRILAFT y PTEE: Superintendencia de Sociedades

La Circular Externa 100-000016 de 2020, hoy derogada, definía el SAGRILAFT como «el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM». Qué es, a quién obliga y con qué umbrales está en la guía Qué es SAGRILAFT y quién está obligado en 2026.

PTEE es el Programa de Transparencia y Ética Empresarial. La Circular Externa 100-000011 de 2021, que adicionó el capítulo XIII a la Circular Básica Jurídica, lo definió como «el documento que recoge la Política de Cumplimiento, los procedimientos específicos a cargo del Oficial de Cumplimiento, encaminados a poner en funcionamiento la Política de Cumplimiento, con el fin de identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los Riesgos de Corrupción o los Riesgos de Soborno Transnacional».

Desde la Circular Externa 100-000020 de 2026, los dos están unificados en el capítulo IX, en el «Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FP y C/ST». Quien ya estaba obligado tiene hasta el 31 de mayo de 2027 para ajustar su sistema (numeral 9.29).

El PTEE no es exclusivo de la Superintendencia de Sociedades. El artículo 9 de la Ley 2195 de 2022 dice que las personas jurídicas sujetas a inspección, vigilancia o control «adoptarán programas de transparencia y ética empresarial» y que «Las respectivas superintendencias o autoridades de inspección, vigilancia o control determinarán el contenido» de esos programas. La Superintendencia de Salud, por ejemplo, ordena a sus vigilados que «deberán diseñar, adoptar e implementar un PTEE» (Circular Externa 2022151000000053-5 de 2022), y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dice que los servicios que vigila «deberán implementar de manera obligatoria el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)» (Circular 20251000000035CS de 2025).

03SARLAFT: Superintendencia Financiera

La Superintendencia Financiera «requiere que las entidades vigiladas implementen un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)», en desarrollo de los artículos 102 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. El numeral 1 del artículo 102 dice que las instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera «estarán obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación».

• Dónde está: Parte I, Título IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. La Circular Externa 006 del 25 de junio de 2025 reexpidió esa circular, subrogó el texto de la Circular Externa 029 de 2014 y rige desde el 26 de junio de 2025.
• A quién aplica: a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. El capítulo exceptúa, entre otras, a Fogafin, Fogacoop, el Fondo Nacional de Garantías, las sociedades calificadoras de valores, las sociedades corredoras de seguros y los organismos de autorregulación. Esas excepciones «no afectan el deber legal de dichas entidades de cumplir lo establecido en los artículos 102 a 107 del EOSF, en lo que les resulte pertinente de acuerdo con su actividad».
• Etapas: identificación, medición o evaluación, control y monitoreo (numeral 4.1).
• Elementos: políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica, divulgación de información y capacitación (numeral 4.2).

04SARLAFT en otras superintendencias

Otras autoridades usan también la sigla SARLAFT, cada una con su propia norma:

05SIPLAFT: Coljuegos, notarías y el antiguo sistema del transporte

Coljuegos define el SIPLAFT como «el Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos, de la Financiación del Terrorismo y de la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva que deben adoptar los operadores obligados». Aplica a los operadores de juegos de suerte y azar autorizados por Coljuegos que tienen suscrito un contrato de concesión (Resolución 20195100044514 de 2019, artículo 1).

La Superintendencia de Notariado y Registro dirige a todos los notarios la Instrucción Administrativa 17 de 2016, para que «diseñen e implementen en sus Notarías el Sistema Integral de Prevención y Control del Riesgo de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva», al que llama SIPLAFT. El calendario de reportes 2024 de la UIAF para notarios nombra el SIPLAFT como el sistema que deben aplicar, con base en esa instrucción.

La Superintendencia de Transporte también tuvo un SIPLAFT: la Resolución 74854 de 2016, de la entonces Superintendencia de Puertos y Transporte, lo hizo obligatorio para las empresas habilitadas para el transporte terrestre automotor de carga. La Resolución 2328 del 6 de marzo de 2025 derogó esa resolución y adoptó un SARLAFT para los vigilados de la Supertransporte.

06Cuál aplica a una empresa

Cada sistema aplica a quienes señala el ámbito de aplicación de su norma. En la Superintendencia de Sociedades, la regla general del sistema completo aplica a las empresas vigiladas o controladas por ella, con ingresos o activos totales iguales o superiores a 4.929.017 UVB, «siempre y cuando no estén vigiladas por otra entidad y tengan un régimen de vigilancia especial en razón de su actividad» (numeral 9.4 de la Circular Externa 100-000020 de 2026).

La tabla recoge las autoridades y normas citadas en esta guía y no es una lista completa: el artículo 9 de la Ley 2195 de 2022 dice que las personas jurídicas sujetas a inspección, vigilancia o control adoptarán programas de transparencia y ética empresarial, con el contenido que determine cada autoridad.

En todos los casos, la obligación depende además de las condiciones que fija cada norma, como el tipo de entidad, los ingresos o los activos.